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La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, contiene una disposición final séptima, que encomienda al Gobierno fijar, en el plazo de dos años desde su entrada en vigor, unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social.

En el mismo sentido, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en su disposición adicional quinta, obliga a las administraciones públicas a adoptar las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de internet pueda ser accesible a personas mayores y con discapacidad de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes del 31 de diciembre de 2005. La disposición adicional quinta establece, asimismo, que las administraciones públicas deben promover la adopción de normas de accesibilidad por parte de los prestadores de servicios y los fabricantes de equipos y de programas de ordenador, para facilitar el acceso de las personas mayores o con discapacidad a los contenidos digitales.

Ciudades para todos. Éste es el objetivo, todavía inalcanzable, para numerosas personas. Quienes tienen alguna discapacidad conocen de sobra cuáles son las principales barreras que les impiden una rutina normalizada, pero esta misma sensación la comparten las personas mayores, que por motivos de edad empiezan a descubrir las dificultades que entrañan algunas ciudades, y las personas con movilidad reducida temporal o en situaciones que les obligan a enfrentarse a los obstáculos de ciertas urbes. La accesibilidad universal supone un beneficio para todas ellas. Por este motivo, cuando se construye, conviene pensar en términos generalistas y de igualdad. La mayoría de las ciudades no están acondicionadas para las personas en silla de ruedas, con discapacidad auditiva o visual.

Aumenta la inversión en accesibilidad, se tiene en cuenta en el diseño de los nuevos entornos de las ciudades y la Convención de la ONU sobre las Personas con Discapacidad la defiende como una prioridad. Pero los esfuerzos han de ser mayores. La accesibilidad universal todavía es "un reto pendiente" y, a pesar de los avances, las barreras físicas son "múltiples". La entidad asegura que "los bordillos son demasiado elevados o con obstáculos, hay socavones en medio de las aceras y papeleras o farolas mal colocadas en las calles".

No obstante, ocurre que en ocasiones determinadas actuaciones arquitectónicas no consiguen los objetivos esperados. Un entorno accesible se diseña para utilizarse "con seguridad y eficacia" por el mayor numero posible de personas. Sin embargo, hasta que no se pasa por una situación que requiere de espacios adaptados, a menudo se obvia su interés. Con este objetivo, diversas asociaciones de personas con discapacidad organizan talleres de sensibilización con jóvenes estudiantes, para que conozcan los obstáculos que conlleva el tránsito por una ciudad para determinadas personas.

Barreras y ayudas

Las ciudades pueden ayudar al desplazamiento o entorpecer el tránsito. Las asociaciones implicadas, como COCEMFE, han propuesto una serie de normas para aplicar en los entornos públicos urbanizados. De la misma manera, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado una propuesta de modelo de ordenanza municipal sobre accesibilidad universal de estos espacios, entre otros. De acuerdo a sus estimaciones, se consideran las siguientes barreras y ayudas:

Barreras

Un escalón más alto de lo normal.

Un coche aparcado en un paso para peatones.

Actividades comerciales ambulantes y terrazas de hostelería en las aceras y áreas de uso peatonal.

Mobiliario urbano que obstaculiza el desplazamiento de personas con discapacidad visual o movilidad reducida.

Teléfonos de uso público y cajeros automáticos no adaptados.

Bocas de los buzones postales, papeleras y elementos similares situadas a una altura inferior a 90 cm o superior a 120 cm desde el suelo.

Fuentes para beber con una boca situada menos de 85 cm y más de 100 cm.

Obras en la vía pública sin señalizar ni proteger.

Ayudas

Botones de los ascensores con escritura braille.

Itinerarios peatonales accesibles con una anchura mínima de paso (1,80 metros) que permita la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas.

Parques y jardines con instalaciones de uso público enlazadas mediante itinerarios peatonales accesibles.

Bandas para señalizar o delimitar el paso de peatones, antideslizantes en seco y en mojado, resistentes al desgaste del tráfico rodado y con un contraste elevado respecto al color dominante de la calzada.

Semáforos con avisadores sonoros.

Pavimento duro y estable, sin piezas sueltas.

Rejillas, tapas de registro, bocas de riego y otros elementos situados en el pavimento, enrasados y sin resaltes.

Ramas, arbustos o similares que no irrumpan en el ancho libre de paso ni por debajo de 210 cm.

Escaleras con iluminación en todo su recorrido, sin zonas oscuras, y con todos los peldaños de las mismas dimensiones en altura y profundidad.